Los rectores y rectoras de las principales universidades públicas del país se concentrarán este miércoles en Plaza de Mayo para reclamar al Gobierno nacional el cumplimiento pleno de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso en 2025.
La movilización se realizará desde las 14.30, en el marco de la reunión mensual del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Las autoridades universitarias insistirán ante el Poder Ejecutivo en la necesidad de aplicar la normativa en su totalidad.
El reclamo se produce luego de un fallo del juez Martín Cormick, quien ordenó la aplicación de la Ley 27.795 y declaró la inconstitucionalidad del decreto 759/2025, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei había promulgado la norma, pero condicionado su ejecución a la determinación de las fuentes de financiamiento y a la incorporación de las partidas correspondientes al presupuesto.
El magistrado hizo lugar a un amparo colectivo presentado por el CIN, universidades nacionales y docentes, además de una demanda iniciada por la Universidad de Buenos Aires (UBA).
En su resolución, Cormick consideró que la propia Ley 27.795 establecía pautas de financiamiento y otorgaba facultades al Poder Ejecutivo para realizar las adecuaciones necesarias. También tuvo en cuenta que durante 2025 se realizaron modificaciones presupuestarias, pese a que el país no contaba con una nueva ley de presupuesto para 2024 y 2025 y se habían prorrogado las partidas correspondientes al presupuesto de 2023.
El fallo también contempló el impacto económico de la norma. Según un cálculo de la Oficina de Presupuesto del Congreso citado por el magistrado, el costo total de la ley durante 2025 representaba aproximadamente el 0,23% del Producto Bruto Interno nominal proyectado.
Además, Cormick incorporó al análisis los acuerdos alcanzados en junio de 2026 entre el Gobierno, el CIN y los gremios docentes y no docentes. Allí se había acordado una actualización salarial acumulada del 24,33%, un incremento del 20% en los gastos de funcionamiento de las universidades, $50.000 millones adicionales para hospitales universitarios y una actualización del 50% de las Becas Manuel Belgrano.
La decisión judicial representa un nuevo capítulo en el conflicto entre las universidades públicas y la administración de Milei. Antes de esta sentencia, el CIN y la UBA ya habían obtenido una medida cautelar que había declarado inaplicable la suspensión de determinados artículos de la ley. Esa decisión había sido confirmada por la Sala III.
El Gobierno apelará el fallo
Mientras los rectores se preparan para la movilización, el Gobierno nacional trabaja en una estrategia judicial para cuestionar la resolución. La administración libertaria apelará el fallo y analiza alternativas para evitar afrontar de manera inmediata el gasto que implicaría la aplicación completa de la norma.
El conflicto también se trasladará al Congreso en los próximos días. Las universidades preparan una nueva Marcha Federal Universitaria para el jueves 15 de octubre, con una concentración frente al Palacio Legislativo desde las 13.30.
La movilización coincidirá con una sesión especial convocada por bloques opositores de la Cámara de Diputados y tendrá nuevamente como eje el reclamo por el financiamiento de las universidades nacionales.
En paralelo, el Congreso comenzará a discutir las partidas previstas para el sistema universitario en 2027. El proyecto de Presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo contempla alrededor de $7,3 billones para las universidades nacionales, mientras que el CIN reclama una partida de $11 billones para garantizar el funcionamiento del sistema durante el próximo año.
Fuente ET
