Se creó la Quinta Circunscripción Judicial de la provincia, con asiento en la localidad de San Vicente, que abarca también a los municipios de Bernardo de Irigoyen, Dos de Mayo, El Soberbio, Pozo Azul y San Pedro.
En tanto, la Segunda Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Leandro N. Alem tiene un nuevo juzgado y una defensoría oficial de Primera Instancia con competencia de Familia y Violencia Familiar. Y la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en Posadas, un Juzgado de Paz de Primera Categoría que funcionará en el barrio Itaembé Guazú. La medida fue concretada a través de una ley aprobada por la Cámara de Representantes de Misiones.
La norma busca afianzar la Justicia, y lograr una descentralización y distribución equitativa de los órganos judiciales: “No solo se debe postular un acceso a la jurisdicción, sino que además éste debe ser efectivo”, argumentó en los fundamentos del proyecto el diputado Carlos Rovira, autor de una de las iniciativas que dieron origen a la ley.
“Debe haber una verdadera y palmaria posibilidad de acceder a la misma, debido a que el Estado está obligado a remover las barreras de índole jurídico, social, económico y cultural que impiden el pleno ejercicio de los derechos por parte de sus titulares”, sentenció.
“Teniendo en cuenta el crecimiento demográfico, económico y productivo de la provincia, la nueva conformación del mapa judicial dará mayores posibilidades a los justiciables en la resolución de los conflictos, logrando descomprimir la saturación de causas existentes en la Primera, Segunda y Tercera Circunscripción Judicial, adecuando de manera eficiente y equitativa el acceso judicial en todas las circunscripciones”, agregó.
Entre los motivos que fundamentan el proyecto, el legislador mencionó “la necesidad de asegurar el acceso a la Justicia, en especial de aquellas personas en condición de vulnerabilidad, y la tutela judicial efectiva de los derechos humanos a través de oficinas judiciales y magistrados especializados”.
Por su parte, el legislador Isaac Lenguaza, otro de los autores de la norma junto con los ex diputados Waldemar Wolemberg, Jorge Petersen y Cristina Novoa con el acompañamiento de sus pares, advirtió que si bien considera que “no son tiempos fáciles para cualquier administración” y conoce “las dificultades económicas que atraviesa actualmente la República Argentina” consideró esta ley como “una herramienta legislativa para “para brindar las soluciones que se requieran en la prestación del servicio de Justicia”.
Participaron del tratamiento de esta ley, mediante videoconferencia, la presidente del Superior Tribunal de Justicia, Rosanna Pía Venchiarutti y los ministros Liliana Picazo y Antonio Rojas. También los intendentes de San Vicente, Fabián Rodríguez; y Guillermo Fernández de Bernardo de Irigoyen; el de San Pedro, Miguel Dos Santos; Roque Zoboczinski de El Soberbio y Edgar González de Pozo Azul.
