Los gobernadores coquetearon con la posibilidad de realizar una reunión de urgencia este miércoles para analizar los pormenores de la reforma laboral, con eje en los cambios en el impuesto a las Ganancias que incluye el proyecto y en su eventual impacto en la coparticipación federal. La convocatoria finalmente se desfinfló y la cumbre fue desactivada, en medio de una fuerte advertencia de Patricia Bullrich a las provincias.
Como suele ocurrir en este tipo de mítines, el escenario elegido sería el Consejo Federal de Inversiones (CFI), ubicado de manera provisional en la zona de Puerto Madero. Sin embargo, no hubo quorum entre los mandatarios, varios de los cuales advirtieron por «cuestiones de agenda».
Más allá de los quehaceres cotidianos, lo cierto es que los dirigentes se mueven con pie de plomo y juegan sus fichas en plenas negociaciones por el proyecto que el Gobierno espera debatir en el Senado la semana próxima. Algunos quieren evitar una foto que le genere ruido en las charlas con la administración de Javier Milei.
«Si se hace, no van a ir todos. Y tampoco vemos que salga algo de ahí», confiaron a este medio desde una gobernación dialoguista antes de la suspensión. Según pudo reconstruir Ámbito en diálogo con varios distritos, los más interesados en motorizar el encuentro de este miércoles eran los caciques peronistas.
Precisamente este martes, el pampeano Sergio Ziliotto, quien integra el PJ, se reunió en la Casa Rosada con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli. A la salida, admitió: «Mañana está prevista una reunión, pero no sabemos si es por Zoom. Nunca estuvo confirmada, estamos viendo si la hacemos o no».
De todos modos, el mandatario peronista señaló que «eso no significa que no estemos trabajando en conjunto».»Depende de la agenda de cada uno también, somos 24 gobernadores para hablar», apuntó Ziliotto en diálogo con la prensa.
Vale recordar que en 2025, los 24 mandamases protagonizaron una serie de reuniones en el CFI cuyo fruto fueron dos proyectos incómodos para el oficialismo libertario. Uno planteaba la creación de un sistema de distribución automático de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), cuyo subtexto era quitarle discrecionalidad a la Casa Rosada para distribuir esos fondos.
El otro, en tanto, buscaba hacer coparticipable el impuesto a los combustibles, vía que las provincias leyeron como plausible para recuperar parte del dinero perdido, consecuencia de la motosierra de Milei. El primero fue aprobado y posteriormente vetado, mientras que el segundo no llegó a tratase en el Congreso.
Precisamente, modificar el tributo sobre las naftas fue uno de los numerosos reclamos que el ministro Santilli escuchó durante su reciente tour federal, en el que visitó ocho provincias: Chubut, Chaco, Mendoza, San Juan, Salta, Neuquén, Entre Ríos y Corrientes. Queda pendiente aún un viaje a Misiones sin fecha determinada.
En concreto, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, fue quien puso sobre la mesa el debate por los combustibles. “En cada litro de nafta que pagamos, el 28% son impuestos nacionales y el 10% es impuesto a los combustibles líquidos, que requiere una afectación específica de impuesto”, planteó.
Acto seguido, Figueroa aseguró: «Qué diferentes serían los números si a nosotros nos coparticiparan parte de esos impuestos a los combustibles líquidos, para poder hacer estas obras de infraestructura importante de la provincia de Neuquén”. Obras públicas, rutas nacionales y deudas del Estado con las cajas jubilatorias de las provincias completan el menú de quejas de los caciques.
No obstante, la cuestión que suscita mayor inquietud entre los distritos son los cambios impositivos que incluye el texto reforma laboral, ya que tendrán impacto en Ganancias, un impuesto coparticipable.
«No estamos para resignar más fondos», admitió la semana pasada el norteño Gustavo Sáenz, tras reunirse con Santilli y con sus pares Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca), aliados peronistas de la Casa Rosada, con los que el mileismo espera contar en el debate.
El trío le acercó al Gobierno una propuesta para compensar las pérdidas en Ganancias: coparticipar el impuesto al cheque, iniciativa que otrora naufragó en distintas ocasiones. «La recaudación de las provincias viene cayendo, con el IVA y la falta de consumo, por eso buscamos alternativas, algún tipo de compensación para no seguir resignando fondos para las provincias», alertó Sáenz, quien anticipó que, de aprobarse el proyecto como está, Salta perdería $80.000 millones.
Hasta el momento, fruto de las ocho provincias que visitó, el ministro del Interior consiguió la admisión, por parte del grueso de los gobernadores, de la necesidad de discutir una modernización laboral. Algunos, como el mendocino Alfredo Cornejo y el entrerriano Rogelio Frigerio brindaron un respaldo sin fisuras. Frigerio, incluso, habló de «apoyo contundente» de Entre Ríos.
Menos entusiastas se mostraron otros líderes, como el neuquino Figueroa y el chubutense Ignacio Torres. Este último, al igual que sus pares de Provincias Unidas, prefiere jugar con las cartas tapadas. Aunque existen contactos, ni Maximiliano Pullaro (Santa Fe) ni Martín Llaryora (Córdoba) sentaron una posición tajante al respecto.
La advertencia de Patricia Bullrich a los gobernadores
Una vez más, el oficialismo requerirá de apoyos prestados, ya que no cuenta con números propios para hacer pasar el texto sin sobresaltos por la arena legislativa. La primera parada de ese reyerta será el Senado. Allí, Patricia Bullrich se puso al frente de las negociaciones y este martes mantuvo un encuentro con bloques aliados y dialoguistas para acercar posiciones.
En la víspera de la reunión, la senadora dejó un mensaje con terminal en los mandatarios subnacionales. «Los estados provinciales tienen que ir adelgazando», disparó. Anticipó, además, que discutirán las compensaciones con el ministro de Economía, Luis Caputo.
Ámbito
