La tensión por el Presupuesto Nacional 2026 escaló en las últimas horas luego de que universidades nacionales, federaciones docentes y organizaciones estudiantiles advirtieran que el dictamen aprobado en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados pone en riesgo el funcionamiento del sistema universitario público y podría afectar el inicio del ciclo lectivo 2026.
En un documento conjunto, el Frente Sindical de Universidades Nacionales, la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) señalaron que el proyecto no modifica el presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo, al que consideran insuficiente para cubrir salarios y gastos operativos, y cuestionaron la incorporación de un artículo que busca derogar por simple mayoría la Ley de Financiamiento Universitario.
Las entidades advirtieron que esa ley -aprobada por el Congreso y actualmente con su aplicación judicializada– resulta clave para sostener el sistema, y alertaron que el dictamen aprobado profundiza la crisis universitaria y científica. En ese marco, señalaron que en estas condiciones será imposible garantizar el desarrollo normal de las actividades académicas durante 2026.
A este pronunciamiento se sumó la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), que a través de un posteo oficial advirtió que si no se garantiza la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, las clases podrían no comenzar el próximo año. El gremio docente confirmó además el lanzamiento de un plan de lucha, en rechazo al presupuesto proyectado y ante la falta de respuestas a los reclamos salariales y operativos.
Desde el sector universitario reclamaron a los legisladores que acompañaron la sanción de la ley de financiamiento que mantengan su postura y evitaron que se avance sobre una norma considerada estratégica para la sostenibilidad del sistema. También remarcaron que la discusión presupuestaria se da en un contexto de crecimiento de la matrícula y de las demandas académicas, sin una actualización acorde de los recursos.
El documento conjunto fue fechado el 16 de diciembre de 2025 y marca un nuevo punto de conflicto entre el Gobierno nacional y el sistema universitario, que anticipa un escenario de conflictividad creciente de cara al inicio del próximo ciclo lectivo.
Fuente PE
